Rodrigo Cornejo es un maestro en Seguridad Publica y Políticas Públicas y consultor independiente de algunos medios de comunicación en México.

 

En su columna, titulada "Para qué es la ley y a quién sirve", el autor Rodrigo Cornejo aborda el tema del sistema legal y su relación con el Estado de derecho en México. El contexto del discurso se sitúa en el momento actual, destacando el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia en contra de un decreto del Presidente López Obrador. Cornejo plantea que los llamados a defender el Estado de derecho pueden ocultar una trampa, ya que mantienen un estado de cosas que ha llevado a una situación nefasta en México.

 

En esta columna se encarga de constituir una imagen negativa de ciertos actores y elementos del sistema legal en México, en este caso la SCJN y algunos ministros que han votado en contra de algunos proyectos del actual gobierno.

 

Rodrigo Cornejo utiliza una estrategia discursiva predominante para construir una imagen negativa de ciertos actores y elementos del sistema legal en México. A través de diversos elementos retóricos y lingüísticos, el autor desarrolla esta estrategia de la siguiente manera:

 

 (Cornejo, 2023) Menciona que los abogados en México tienen una aureola de respetabilidad, pero también los relaciona con la corrupción. Los retrata como parte de una burguesía en ascenso y sugiere que su cercanía con el poder político puede llevarlos a obtener beneficios y posiciones de poder. Esta construcción busca generar desconfianza hacia los abogados y cuestionar su integridad.

 

(Cornejo, 2023) Argumenta que los licenciados en derecho desempeñaron un papel importante en la construcción del partido único durante el régimen priista. Los vincula directamente con la instrumentación de elecciones ficticias y las reformas neoliberales. Al hacerlo, Cornejo sugiere que los abogados han utilizado su influencia para validar un sistema político corrupto y promover políticas que han perjudicado al país.

 

(Cornejo, 2023) Plantea además que, aunque se suele identificar al derecho con la justicia, en la práctica puede utilizarse para casi cualquier cosa. Argumenta que el derecho ha sido utilizado para legalizar decisiones que no cuentan con el consenso del pueblo mexicano, permitiendo el saqueo de recursos públicos y protegiendo la corrupción de cuello blanco. Cornejo enfatiza que estas acciones contradicen el propósito original del derecho de evitar cambios violentos y respetar límites éticos.

 

Cornejo critica los cambios realizados en el orden jurídico mexicano durante más de 40 años, especialmente aquellos relacionados con el trabajo y el régimen de propiedad. Argumenta que estos cambios reinterpretaron la Constitución de 1917 en sentido inverso, armonizándola con sistemas de derecho anglosajón para favorecer la dominación comercial estadounidense y canadiense. El autor destaca que los jueces de la Suprema Corte de Justicia rara vez se opusieron a estas reformas en el pasado, pero ahora son más activos en su contra.

 

En la conclusión de su columna, Cornejo recapitula los puntos clave y vincula la estrategia discursiva con el contexto político actual. Destaca que el orden jurídico está cambiando desde 2018 y aquellos que lo crearon se han refugiado en el poder judicial para oponerse a los cambios que no son jurídicos, sino sociales. El autor argumenta que la defensa de un procedimiento jurídico no debe resultar en la liberación de delincuentes o en la obstrucción de obras de utilidad pública por intereses particulares.

 

Cornejo critica la alineación de la Suprema Corte de Justicia con intereses económicos y grupos empresariales, destacando las amenazas proferidas por Norma Piña, quien lidera la oposición legalista al presidente Obrador. El autor concluye que para Piña y los jueces corruptos, la ley es una herramienta para vestirse y sirve a aquellos que los financian o les permiten enriquecerse de manera encubierta.

 

El autor valora la estrategia discursiva utilizada como efectiva en su intento de cuestionar la legitimidad del sistema legal mexicano y generar desconfianza hacia ciertos actores dentro de él.

 

 

 

Venus Rey Jr. Compositor de música sinfónica, escritor, ensayista y académico. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Filosofía por la Universidad Anáhuac. Su obra musical ha sido presentada en Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Ucrania, Austria, Argentina, Perú y México. Ha grabado diez discos de sus composiciones y publicado dos libros de narrativa, tres volúmenes de poesía y diversos ensayos jurídicos y filosóficos en revistas especializadas de la Universidad Iberoamericana, el ITAM y la Universidad Anáhuac. Es colaborador de Grupo Fórmula. Escribe en el diario El Economista y en las plataformas digitales de los periodistas Eduardo Ruiz Healy y Julio Hernández “Astillero”.

 

En noviembre de 2021, el presidente López Obrador emitió un acuerdo que clasificaba todas las obras de su gobierno como "de interés público" y "seguridad nacional". Esta acción generó una controversia constitucional presentada por el INAI ante la Suprema Corte. El decreto resultaba ambiguo, permitiendo al presidente calificar cualquier cosa como de seguridad nacional e interés público, reservando su información y autorizando proyectos gubernamentales sin trámites ni licencias.

 

En esta columna, el autor construye una imagen negativa del presidente al enfocarse en su falta de transparencia y manipulación de la clasificación de "interés público" y "seguridad nacional" en relación con las obras del gobierno.

 

La estrategia discursiva predominante en el texto es la construcción de una imagen negativa del presidente, enfocándose en su actuar autoritario y opaco en relación con las obras prioritarias del gobierno. El autor argumenta que el presidente se dedica a ocultar información y reserva documentos bajo el pretexto de "seguridad nacional" e "interés público", sin cumplir con los criterios establecidos en la Ley de Transparencia.

 

En cuanto a los elementos retóricos y lingüísticos utilizados para desarrollar esta estrategia discursiva, el autor destaca los siguientes:

 

El autor utiliza un tono crítico para resaltar la ambigüedad del decreto presidencial y la ausencia de criterios claros para clasificar las obras como "de interés público" y "seguridad nacional". Esta falta de claridad es presentada como un problema que permite al presidente ejercer un poder discrecional en la reserva de información.

 

Se basa en argumentos legales para cuestionar la validez del decreto presidencial. Hace referencia al artículo 6º constitucional y a la Ley de Transparencia para respaldar su posición de que la información debe ser pública, salvo casos específicos de interés público y seguridad nacional debidamente justificados.

 

Artículo 6. " La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado".

 

Utiliza preguntas retóricas para invitar a la reflexión y cuestionar la postura del presidente. Estas interrogantes resaltan la paradoja entre la promesa de transparencia del presidente y su actuación en la reserva de información, así como la facilidad con la que sus seguidores aceptan sus declaraciones sin cuestionarlas.

 

En la conclusión, el autor recapitula los puntos más importantes de su análisis. Se destaca la paradoja entre la promesa del presidente de ser transparente y su defensa de un decreto que ocultaba información sobre todas las obras del gobierno federal. Se cuestiona la necesidad de reservar información relacionada con los recursos públicos utilizados en los proyectos y se critica la credulidad de algunos seguidores del presidente ante sus afirmaciones.